La ciberseguridad en México enfrenta desafíos significativos, evidenciados por el elevado porcentaje del 67% de empresas afectadas por incidentes de seguridad digital en el último año, con costos promedio de 2.5 millones de pesos por incidente. Esta problemática no se limita a las organizaciones; la ciudadanía también está en riesgo, dada la venta de datos personales en el mercado negro por precios irrisorios y el hecho de que una gran mayoría no emplea contraseñas seguras, potenciando su vulnerabilidad a ciberataques.
La preparación frente a estas amenazas es insuficiente, especialmente entre pequeñas y medianas empresas, de las cuales solo el 35% cuenta con un plan de acción en caso de incidentes cibernéticos. La doctora Sheila Reyes Guerrero de la Universidad Amerike subraya que la ciberseguridad trasciende lo tecnológico para abarcar estrategia, ética y confianza, resaltando la importancia de una formación integral que incluya tanto aspectos técnicos como preventivos.
El marco normativo de México, compuesto por la LFPDPPP y la LGPDPPSO, ofrece un respaldo legal a la protección de datos personales, considerada un derecho fundamental. Ambas leyes fomentan la privacidad y habilitan a los ciudadanos a ejercer control sobre su información personal. Estas normas, sin embargo, solo representan una parte de la solución, y la educación se perfila como una línea de defensa primordial contra el robo de identidad y los fraudes, que pueden materializarse a través de diversas amenazas digitales como Phishing, fugas de datos y malware.
La protección efectiva contra estos peligros incluye prácticas como el uso de contraseñas robustas, la actualización regular de software, la implementación de autenticación de dos factores, la precaución en redes sociales y la vigilancia ante enlaces o corresponsales dudosos. Este conjunto de medidas apunta hacia la co-responsabilidad de ciudadanos, empresas y gobiernos en la preservación de la seguridad de la información en un contexto de crecientes riesgos cibernéticos.