De la buena fe a la ingenuidad dañera

Los agentes de seguros de daños a menudo se enfrentan a la problemática de reclamos rechazados bajo el argumento de la “letra pequeña” en las pólizas. Este artículo sugiere que muchas de estas situaciones se podrían evitar si se mejorara la práctica de recopilación y verificación de información durante la suscripción del seguro.

Al suscribir una póliza, especialmente en el caso de seguros de daños que cubren aspectos como pérdidas consecuenciales y gastos fijos, es crucial para el agente dañero verificar la veracidad de la información financiera proporcionada por el asegurado. Esto incluye validar los montos de gasto que el asegurado estima necesarios para mantener su empresa a flote en caso de una eventualidad, lo cual resulta en la determinación de la pérdida máxima probable.

La metodología sugerida implica que el agente debe solicitar los estados financieros y otros documentos relevantes dentro de los primeros 60 días de la puesta en marcha de la póliza, con el fin de contrastar los datos proporcionados por el asegurado con la realidad financiera de la empresa. Este proceso es paralelo a prácticas en el sector financiero, donde la documentación es imprescindible para evaluar la viabilidad de otorgar fianzas o créditos.

La falta de este tipo de diligencia y la consecuente mala praxis no solo desencadena en reclamos rechazados, lo que deja una imagen negativa para la compañía aseguradora, sino que también evidencia una falta de profesionalismo y rigor por parte del agente de seguros. La analogía usada con el ámbito médico ilustra la importancia de basar las recomendaciones y decisiones en datos concretos y verificados, en lugar de limitarse a la información proporcionada de buena fe por el asegurado.

Por lo tanto, el artículo hace un llamado a cambiar los hábitos en la industria de seguros de daños, instando a los agentes a adoptar un enfoque más riguroso y basado en la evidencia al suscribir pólizas y determinar coberturas, mejorando así la calidad del servicio y reduciendo el riesgo de conflictos durante el proceso de reclamación.