El seguro obligatorio de vehículos automotores ha sido una lucha constante para el sector asegurador desde la década de los 90, con iniciativas como el SUVA enfrentando resistencias políticas bajo el argumento de proteger a los sectores más pobres. Tras años de inversiones y preparativos por parte de las aseguradoras, el año 2014 marcó la imposición de este seguro obligatorio, aunque limitado a vías federales. Este avance ha visto una evolución en las pólizas ofrecidas, incluyendo servicios adicionales aunque enfrentando la realidad de que un alto porcentaje de vehículos circulan sin cumplir con esta normativa.
La implementación de sistemas de verificación eficaces, como lectores de placas o números de serie, se sugiere como medio para asegurar cumplimiento, pese a los riesgos de corrupción y extorsión que esto podría conllevar. El escenario ideal implicaría una amplia cobertura que podría incluso reducir los costos de las pólizas debido al incremento en la captación de primas.
Sin embargo, la no observancia de esta obligatoriedad no solo refleja un desafío administrativo, sino una falla cultural hacia la prevención y responsabilidad que deberían acompañar la propiedad de un vehículo. Las propuestas para revertir esta situación incluyen medidas punitivas severas que buscan fomentar un cambio en la mentalidad de los propietarios de vehículos. La actuación conjunta de aseguradoras, autoridades reguladoras y asesores financieros es esencial para lograr una cobertura obligatoria universal. La pregunta final es si será posible efectuar un cambio significativo en esta área, dada la amplia gama de desafíos presentes.